La Gavilla Verde, una asociación radicada en Santa Cruz de Moya (Cuenca), pero de ámbito estatal, ha solicitado poder exhumar los restos de 18 personas ejecutadas en 1947 por colaboración con los maquis y que están en fosas comunes de los cementerios de Benagéber y Albalat dels Tarongers. Para el presidente de este colectivo, Pedro Peinado, "el tema de los desaparecidos era una laguna de la ley, pero con el auto de Garzón se está impartiendo justicia. No se trata de perseguir a personas que ya habrán muerto en su mayoría como de reconocer que el Estado realizó ejecuciones masivas incluso años después de la guerra. Eso no debe quedar impune".

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de pedir información para crear un censo de fusilados, enterrados en fosas comunes y desaparecidos de la represión franquista, ha sido interpretada como un espaldarazo por parte de las asociaciones para la recuperación de la memoria que operan en la Comunidad Valenciana